La UE fija nuevas metas de eficiencia energética para los edificios de aquí a 2050
La Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación (EPBD), en fase de aprobación por la UE, supone un cambio profundo en el sector inmobiliario. Su meta es que todos los edificios europeos sean de cero emisiones en 2050, lo que significa una transformación completa del parque actual. El problema es que más del 80% de los edificios en España tienen calificaciones energéticas muy bajas (E, F o G), principalmente porque la mayoría se construyeron antes de 1980, cuando aún no existían normativas de eficiencia.
La directiva establece un calendario progresivo de mejora:
- Para 2030, todas las viviendas deberán alcanzar como mínimo la letra E.
- En 2033, la exigencia subirá a la letra D.
- A partir de 2040, se espera que todos los edificios estén en la categoría A o B.
- Desde 2026, los edificios públicos de nueva construcción deberán ser de cero emisiones, y desde 2028 la obligación se extenderá a todo nuevo inmueble.
Además, introduce nuevas figuras clave:
- Edificio de cero emisiones: autosuficiente en energía y basado en renovables, más exigente que el actual concepto de “consumo casi nulo”.
- Potencial de Calentamiento Global (PCG): cálculo de la huella de carbono de un edificio a lo largo de toda su vida útil, obligatorio desde 2027 en grandes inmuebles y desde 2030 en todos.
- Planes Nacionales de Renovación: cada país deberá definir su estrategia anual para alcanzar los objetivos.
El impacto será enorme en el mercado inmobiliario. La eficiencia energética, antes un factor secundario, pasará a ser decisiva en la compra y venta de viviendas, revalorizando aquellas con menor consumo. Sin embargo, expertos alertan que la sociedad aún no es plenamente consciente de las obligaciones que conlleva la propiedad: continuas rehabilitaciones, inversiones y cumplimiento de plazos.
España se enfrenta a un desafío mayor que otros países europeos por el envejecimiento de su parque residencial y la necesidad de rehabilitar hasta un 85% de sus edificios. El proceso también será complejo en comunidades de vecinos, donde las decisiones se toman de forma colectiva. Muchos administradores de fincas prevén tensiones y retrasos por la falta de concienciación, empresas de rehabilitación suficientes y un calendario estatal aún poco claro.
La directiva no fija sanciones concretas, dejando a cada Estado miembro la tarea de definirlas. Tampoco precisa cifras de financiación, aunque se prevé apoyo mediante Fondos Europeos de Recuperación, Feder, Fondo Social para el Clima, hipotecas verdes y préstamos especiales. Aun así, persiste la incertidumbre sobre cómo se financiarán las reformas necesarias.
En definitiva, la EPBD supone un cambio de paradigma obligatorio: la vivienda europea debe convertirse en un bien sostenible y alineado con el Pacto Verde, que exige una reducción del 55% de emisiones para 2030. Aunque genera resistencias, Bruselas insiste en acelerar el proceso, ya que los edificios representan el 40% del consumo energético y el 36% de las emisiones de la UE. La cuestión clave será si países como España logran adaptar su parque inmobiliario a tiempo para cumplir con las metas fijadas.
